La posibilidad de que una empresa recurra a un detective privado para comprobar si un trabajador está haciendo un uso fraudulento de una situación de incapacidad temporal es una práctica admitida por la jurisprudencia. No obstante, este control tiene límites muy claros, especialmente cuando entra en juego el derecho fundamental a la intimidad. En este sentido, los tribunales señalan que estas actuaciones deben ser necesarias, proporcionadas y respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que la vigilancia empresarial no puede invadir espacios privados ni obtener información mediante actuaciones desproporcionadas.
Cuando la investigación accede a ámbitos protegidos de la vida privada u obtiene información que excede la finalidad legítima del control empresarial, las pruebas obtenidas pueden considerarse ilícitas.
La resolución analiza un caso en el que la vigilancia se extendió hasta captar imágenes de la trabajadora dentro del espacio privado de su domicilio.
El tribunal considera que este tipo de actuación supera los límites admisibles del control empresarial y vulnera el derecho a la intimidad. En consecuencia, las pruebas obtenidas no pueden servir de base para justificar una decisión disciplinaria.
La sentencia también pone el acento en la necesidad de preservar la confidencialidad de los datos médicos de los trabajadores, especialmente cuando se trata de información especialmente protegida.