El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para actualizar los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera, con el objetivo de reducir las cargas administrativas de las pequeñas y medianas empresas. La medida, que responde a una transposición europea, incrementa los umbrales de volumen de negocio y de activo para que más empresas puedan elaborar cuentas anuales abreviadas y queden exentas de auditoría.
Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, más de 5.800 empresas se podrían beneficiar de esta modificación, que permitiría que el 98,5 % de las empresas españolas accedieran a modelos simplificados de información contable.
Los nuevos límites propuestos para considerar una empresa “pequeña” se elevan hasta 7,5 millones de euros de activo total y 15 millones de euros de volumen de negocio neto, manteniéndose el máximo de 50 trabajadores. Las empresas “medianas” pasarían a tener hasta 25 millones de activo y 50 millones de volumen de negocio.
En cuanto a la obligación de auditar cuentas, también se incrementan los umbrales en un 25 % respecto a los actuales: las empresas solo deberán someterse a auditoría si superan durante dos ejercicios consecutivos un activo de 3,56 millones de euros, un volumen de negocio de 7,12 millones o una plantilla superior a 50 personas.
Aunque el Consejo de Ministros ya ha dado luz verde al proyecto de ley, este aún debe superar el trámite parlamentario antes de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por tanto, no hay fecha confirmada de entrada en vigor. Fuentes especializadas apuntan que, en el mejor de los casos, los nuevos criterios podrían aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, una vez completado todo el proceso legislativo.