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Nuevas medidas de vivienda
17 - 11 - 2026

Nuevas medidas de vivienda

La Diputación Permanente del Congreso convalidó, el 12 de noviembre, el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible. El acuerdo se publicó en el BOE el 13 de noviembre. La convalidación mantiene la vigencia de una norma que ya había entrado en vigor, con carácter general, el 8 de octubre, aunque varias medidas fiscales tienen fechas de aplicación específicas.

 

Prórrogas extraordinarias y actualización de las rentas

La norma prevé prórrogas extraordinarias anuales, de hasta dos años, para los contratos que cumplan los requisitos legales. Es necesario que el inquilino las solicite y esté al corriente de pago, también durante los ocho meses anteriores. Existen excepciones y reglas de coordinación con otras prórrogas. En cuanto a las actualizaciones anuales hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el máximo aplicable del sistema de índices de referencia, no se puede incrementar. En los demás casos, rige el nuevo pacto entre las partes y, si no existe, el aumento no puede superar el 2%.

 

Mayor control sobre los alquileres temporales

La reforma exige justificar la causa del desplazamiento que da lugar a un arrendamiento de temporada. Por tanto, la denominación del contrato debe corresponder a una necesidad temporal real. La sucesión de más de dos contratos temporales entre las mismas partes sobre una misma vivienda puede determinar su consideración como arrendamiento habitual, con las garantías correspondientes. También se introducen medidas para evitar que el alquiler por habitaciones se utilice para eludir la regulación residencial.

 

Protección frente a los desahucios hasta 2030

Se establecen mecanismos de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional, con condiciones diferentes según quién sea el demandante y el procedimiento. En determinados supuestos, se prevén compensaciones a cargo de la Administración para los propietarios afectados. La regulación también recoge excepciones, como el caso del propietario que acredita vulnerabilidad y dispone de dos viviendas o menos. Por ello, la aplicación de la suspensión requiere examinar las circunstancias de cada procedimiento.

 

Cambios en las reducciones del IRPF de los propietarios

Los contratos de vivienda habitual celebrados a partir del 1 de diciembre de 2026 quedan sujetos a un nuevo sistema de reducciones sobre el rendimiento neto positivo del alquiler. Los porcentajes dependen de factores como la reducción de la renta, la continuidad del inquilino, la ubicación o la condición de gran tenedor. En determinados supuestos, la reducción puede alcanzar el 100%. Los contratos anteriores disponen de un régimen transitorio.

 

Deducción para los inquilinos

Se incorpora una deducción del 10% de las cantidades pagadas por el alquiler de la vivienda habitual para los contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. La base máxima es de 11.630 euros para bases imponibles de hasta 23.007,20 euros y disminuye progresivamente a partir de este importe. Para acceder a ella es necesario cumplir requisitos adicionales sobre la titularidad de otras viviendas. El umbral se refiere a la base imponible, no directamente al salario bruto.

 

Novedades en el IVA de los alojamientos y las reformas

A partir del 1 de diciembre de 2026, determinados arrendamientos de viviendas amuebladas por estancias de hasta treinta noches, cuando no constituyan la vivienda habitual del arrendador, dejan de estar exentos de IVA y tributan al 10%. También se amplía el tipo del 10% a las obras de renovación y reparación de viviendas destinadas al alquiler habitual, con requisitos relativos a la antigüedad del inmueble, el coste de los materiales y el pago bancario. Se incorpora expresamente el 4% para determinadas entregas de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida.

 

Limitaciones a determinadas adquisiciones de viviendas

Hasta el 31 de diciembre de 2030, determinadas entidades y personas jurídicas consideradas grandes tenedoras tienen limitada la adquisición de viviendas por debajo del 70% del valor de mercado. La regulación prevé excepciones vinculadas a finalidades sociales y residenciales.