Los autónomos se enfrentan a una nueva realidad: han empezado a recibir reclamaciones por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social sobre las ayudas que percibieron durante la pandemia. Estas comunicaciones piden que acrediten si cumplen con los requisitos para recibir las ayudas, y en caso contrario, se les reclama la devolución de los importes percibidos.
Los reembolsos afectan aquellos autónomos que no cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a las ayudas, que se concedieron de manera provisional en muchos casos. Además, se está reclamando la devolución a profesionales que sí que cumplían con las condiciones, alegando que no hay suficiente documentación acreditativa.
Para los autónomos que reciben estas reclamaciones, es importante primero acreditar delante la mutua que reunían los requisitos para la ayuda, de forma que no se les obligue a devolver el dinero. Si se señalan a devolver los importes percibidos y no tienen liquidez para hacerlo, la opción es acudir a la vía judicial. Esta opción es válida también por aquellos que, cumpliendo con las condiciones, son obligados a devolver las ayudas.
Los autónomos pueden presentar una demanda para aplicar la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina indica que, si un ciudadano ha actuado de buena fe, no se tendría que exigir la devolución de las prestaciones indebidas, puesto que el error es imputable exclusivamente a las autoridades y supondría una carga excesiva para el beneficiario. Aun así, aplicar esta doctrina a la práctica puede resultar complicado, puesto que los tribunales inferiores podrían no hacerlo de manera automática.
Las ayudas se pusieron en marcha el 14 de marzo de 2020 con el objetivo de sostener los autónomos afectados por el cierre de sus negocios o por una reducción de la facturación. Se concedieron ayudas a 1,48 millones de profesionales por un total de 3.741 millones de euros.
La situación actual se deriva de un informe del Tribunal de Cuentas que ha detectado «incumplimientos significativos» en los requisitos legales para percibir estas ayudas, así como incidencias en su procedimiento de reconocimiento y control. La falta de claridad en la normativa y las continuas modificaciones han provocado discriminación en la concesión, puesto que los requisitos exigidos variaban en función del momento.