La subcontratación de un servicio no puede limitarse a poner trabajadores a disposición de otra empresa o Administración. La empresa contratista debe continuar ejerciendo de manera real y efectiva las funciones propias del empresario, especialmente en lo relativo a la organización, la dirección y el control de la actividad laboral.
Así lo establece el Tribunal Supremo en la Sentencia 682/2026, de 21 de julio, que vuelve a delimitar la frontera entre una contrata de servicios legítima y una cesión ilegal de trabajadores, regulada en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la distinción que realiza el Tribunal entre el control formal de la relación laboral y el control real y funcional de la actividad que desarrolla el trabajador.
Que la empresa contratista pague los salarios, cotice a la Seguridad Social, gestione permisos y vacaciones, controle el registro de jornada, ofrezca formación en prevención de riesgos o ejerza formalmente la potestad disciplinaria son elementos que deben tenerse en cuenta, pero que no acreditan necesariamente que sea esta empresa quien ejerce realmente el poder de dirección.
El Tribunal Supremo pone especial énfasis en el registro horario. Controlar las horas trabajadas puede ser necesario para gestionar la relación laboral y también para facturar correctamente el servicio al cliente. Por tanto, este control, por sí mismo, no permite concluir que la contratista dirija efectivamente la actividad de sus trabajadores.
Para determinar si existe una cesión ilegal, es necesario ir más allá de los aspectos administrativos y analizar cómo se organiza realmente la prestación del servicio.
El Supremo señala que el control de la actividad de los trabajadores debe permanecer en manos de la empresa subcontratada en aquellas cuestiones que inciden en la organización del trabajo y en el ejercicio efectivo de las facultades empresariales.
Por tanto, resulta especialmente relevante determinar quién da las instrucciones, quién decide las tareas que deben realizarse, quién establece cómo deben ejecutarse, quién supervisa el resultado y con quién se coordina habitualmente el trabajador para desarrollar su actividad.
En el supuesto analizado, el Tribunal constata que la empresa contratista mantenía esencialmente un control formal de la relación laboral, mientras que la dirección efectiva de la actividad diaria correspondía al personal de la Administración para la que se prestaba el servicio. Esta realidad lleva al Supremo a apreciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores.
La sentencia también analiza el papel de los coordinadores de la empresa contratista. Su existencia o el número de visitas que realicen al centro de trabajo no determina por sí solo que exista una dirección empresarial efectiva. Lo relevante es el contenido de dicha supervisión.
Si las visitas se limitan a mantener contacto con el cliente o comprobar si existen incidencias, pero el coordinador no supervisa el puesto de trabajo, no conoce directamente cómo se está ejecutando el servicio ni imparte instrucciones sobre la actividad, difícilmente puede considerarse que existe un control funcional efectivo.
Por tanto, el Supremo vuelve a priorizar la realidad de la prestación por encima de la existencia formal de mecanismos de coordinación.