El Tribunal Supremo ha establecido que, para determinar la residencia fiscal en España según el artículo 9.1.b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), hay que considerar el conjunto de actividades e intereses económicos del individuo. Esto incluye el lugar de obtención de las rentas, la ubicación del patrimonio inmobiliario y mobiliario, y el lugar desde donde se gestiona este patrimonio, entre otros vínculos relevantes.
Esta interpretación amplía el concepto de «núcleo principal» o «base de las actividades o intereses económicos» más allá del simple lugar de generación de rentas, incorporando factores como la localización de los bienes y su gestión. Así, se proporciona una visión más completa para determinar la residencia fiscal en España.
Este criterio complementa la jurisprudencia anterior, que ya establece que las autoridades españolas no pueden ignorar un certificado de residencia fiscal emitido por otro estado con el cual España tiene un convenio de doble imposición. En caso de conflicto de residencia, es necesario aplicar las normas previstas en estos convenios, que a menudo utilizan conceptos más amplios, como el «centro de intereses vitales», para resolver estas situaciones.