La inclusión en ficheros de morosidad como ASNEF, Badexcug o CIRBE tiene una función legítima dentro del sistema financiero: proporcionar información sobre la solvencia de personas y empresas para facilitar la evaluación del riesgo en la concesión de crédito. Ahora bien, su impacto va mucho más allá de una simple anotación informativa.
En la práctica, figurar en un registro de morosidad puede dificultar el acceso a financiación, la contratación de determinados servicios o incluso el desarrollo normal de una actividad profesional. Por este motivo, la normativa establece requisitos estrictos para que una inclusión sea legítima: la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible, un requerimiento previo de pago y una información adecuada a la persona afectada.
La problemática adquiere una relevancia especial en el ámbito de la Ley de la Segunda Oportunidad. Cuando una persona obtiene judicialmente la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), la deuda deja de existir jurídicamente y, en consecuencia, sus datos deberían ser eliminados de los ficheros de morosidad.
Sin embargo, no son excepcionales los casos en los que estos datos continúan apareciendo en los registros durante meses o incluso años después de la exoneración. Esta situación genera una contradicción evidente: el deudor ha recuperado su situación legal, pero sigue sufriendo las limitaciones económicas derivadas de una información que ya no refleja la realidad.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha introducido un matiz relevante. Aunque considera que la inclusión en un fichero de morosidad sin cumplir los requisitos legales sigue constituyendo una intromisión ilegítima en el derecho al honor, ha señalado que las indemnizaciones pueden moderarse cuando la deuda es real, vencida y exigible, aunque no se haya realizado correctamente el requerimiento previo de pago.
El objetivo es evitar que las compensaciones se conviertan en una fuente de enriquecimiento injustificado, buscando un equilibrio entre la protección de los consumidores y el correcto funcionamiento de los sistemas de información crediticia. No obstante, esta doctrina no elimina la obligación de cumplir rigurosamente las garantías legales exigidas para la inclusión en estos registros.
El debate no afecta únicamente al derecho al honor o a la protección de datos personales. También incide directamente en la eficacia de los mecanismos diseñados para favorecer la reintegración económica de las personas en situación de insolvencia. Si la cancelación o exoneración de la deuda no comporta la eliminación efectiva de sus principales efectos económicos, existe el riesgo de vaciar de contenido instrumentos como la Ley de la Segunda Oportunidad.
Por ello, la cancelación de los registros de morosidad no debería considerarse un trámite accesorio, sino una consecuencia necesaria de la extinción de la deuda. Solo así se garantiza que la persona afectada pueda retomar realmente su actividad económica y recuperar la normalidad financiera.