Este 1 de octubre entra en vigor el Real Decreto-ley 26/2026, que introduce un amplio paquete de medidas que afectan a propietarios, arrendadores, arrendatarios, grandes tenedores y operadores del mercado inmobiliario.
Entre los principales cambios:
→ Arrendamientos temporales y por habitaciones. Se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para delimitar mejor cuándo un arrendamiento es temporal y cuándo responde a una necesidad de vivienda habitual. También se incorpora expresamente la regulación del arrendamiento parcial de habitaciones o estancias.
→ Actualización de las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2027 se establece una limitación extraordinaria: cuando la renta supere el límite máximo que resulte aplicable según el sistema estatal de referencia, no podrá incrementarse. En el resto de casos, prevalecerá el nuevo pacto entre las partes y, si no existe acuerdo, el incremento no podrá superar el 2%.
→ Prórroga extraordinaria de determinados contratos. Se establece un mecanismo temporal para que determinados arrendatarios puedan solicitar la continuidad del contrato cuando finalice antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la norma.
→ Mayor protección ante determinados desahucios. Hasta el 31 de diciembre de 2030 se regula la suspensión de determinados procedimientos cuando afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la parte demandante cumpla las características establecidas por la norma.
→ Cambios para los grandes tenedores. Se refuerza la acreditación de esta condición mediante certificación registral y se establecen nuevas reglas para el cómputo de los inmuebles residenciales.
→ Limitaciones a determinadas operaciones inmobiliarias. Hasta el 31 de diciembre de 2028 se introducen restricciones para determinadas entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles cuando compren viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado, con las excepciones previstas legalmente.
La reforma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley por el derecho a la vivienda y la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incorpora medidas fiscales, de fomento de la vivienda asequible y nuevos instrumentos de financiación.
Una reforma extensa que obliga a revisar con atención los nuevos contratos, renovaciones, actualizaciones de renta y determinadas operaciones inmobiliarias a partir de hoy.