Aprobado el Anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, tras dos años de trabajo, al Anteproyecto de Ley que configura el futuro Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, la normativa destinada a redefinir el régimen de las tradicionalmente llamadas prácticas o becarios. El cambio terminológico pretende superar la connotación negativa adquirida con el paso de los años y situar en el centro los derechos y la protección de las personas en etapa formativa.

A pesar de la aprobación del anteproyecto, es imprescindible recordar que todavía no está publicado en el BOE ni ha entrado en vigor, y que su tramitación parlamentaria se prevé compleja.

El texto propuesto incluye la formación práctica vinculada a:

• Ciclos y grados de Formación Profesional.
• Enseñanzas artísticas y deportivas del sistema educativo.
• Especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
• Prácticas universitarias, tanto curriculares como extracurriculares.

Según el anteproyecto, las organizaciones deberán velar por que:

• Las tareas asignadas se ajusten estrictamente al contenido formativo del plan individual, evitando la sustitución de funciones propias del personal contratado.
• Exista una relación directa entre las actividades realizadas y las competencias del programa formativo.
• Cada persona tutora pueda supervisar un máximo de cinco estudiantes en prácticas.
• El volumen de personas en formación no supere el 20% de la plantilla total.

Nuevos derechos y posibles costes para las empresas

El texto introduce diversas garantías para las personas en formación, entre las que destacan:

• Compensación de gastos, reconocimiento de descansos y acceso a los servicios habituales del centro de trabajo.
• Derecho a la protección frente a situaciones de violencia y acoso, lo que obliga a las empresas a revisar y adaptar sus protocolos de compliance.
• Derecho de información en materia preventiva ante la RLPT.

Además, se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la formación práctica dentro de la empresa.

La Inspección de Trabajo podrá acceder a toda la documentación asociada a estas prácticas, y su plan anual incluirá actuaciones específicas para verificar el cumplimiento de la nueva normativa.