El Consejo Económico y Social (CES) ha publicado el Dictamen 1/2025, donde analiza el nuevo Anteproyecto de Ley para reducir la jornada laboral máxima ordinaria, así como la regulación del registro de jornada y el derecho a la desconexión digital.
Esta propuesta busca adaptar la regulación laboral en las nuevas necesidades del mercado y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aun así, el CES pone en entredicho algunos puntos de la normativa y pide un análisis más profundo antes de aprobarla.
El objetivo es pasar de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas. Según el CES, a pesar de que la medida puede ser beneficiosa para los trabajadores, no se ha justificado bastante el impacto económico que puede tener sobre las empresas, especialmente las pymes.
Se quiere implementar un sistema de registro horario digital, accesible para los trabajadores y la Administración. El CES alerta que algunos sectores, como la agricultura o la pesca, pueden tener dificultades para adaptarse a esta medida por la carencia de recursos tecnológicos. Además, el registro sería efectivo a partir de su desarrollo reglamentario.
La ley quiere garantizar que los trabajadores no sean contactados fuera de su horario laboral. Aun así, el CES considera que en sectores con necesidad de flexibilidad (como el transporte o las emergencias) se tendrían que establecer excepciones para evitar problemas organizativos.
El Consejo Económico y Social no rechaza la propuesta, pero cree que hace falta más debate y diálogo con los diferentes agentes sociales para garantizar que la aplicación de la ley sea efectiva y viable. También reclama un plan de transición para ayudar las empresas a adaptarse a los cambios.
El Gobierno continuará con la tramitación del anteproyecto el cual establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Si se aprueba, se podría aplicar a partir del 1 de enero de 2026.
Sin embargo, todas estas casuísticas quedan sujetas a los acuerdos y/o modificaciones que puedan tramitarse en sede parlamentaria.