Las facultades de la Inspección de Trabajo para acceder a los centros de trabajo son amplias, pero no ilimitadas. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha concretado un aspecto especialmente relevante para las empresas: qué ocurre cuando el centro de trabajo coincide con el domicilio social de la sociedad.
El Tribunal considera que, en estos casos, la entrada de la Inspección de Trabajo sin consentimiento requiere autorización judicial previa, aunque los inspectores no tengan intención de registrar dependencias, intervenir documentación o acceder a archivos. La cuestión determinante es el propio acceso a un espacio constitucionalmente protegido.
La protección de la inviolabilidad del domicilio no se limita exclusivamente a las personas físicas. Las personas jurídicas también pueden disponer de espacios que tengan la consideración de domicilio protegido cuando en ellos se desarrolla la actividad propia de la sociedad y se trata de ámbitos reservados frente a terceros.
Esto es especialmente relevante en el caso de pequeñas y medianas empresas que tienen fijado el domicilio social en el mismo espacio donde desarrollan su actividad.
La normativa atribuye a la Inspección de Trabajo facultades de entrada en los centros de trabajo para ejercer sus funciones de vigilancia y control. Ahora bien, el Tribunal Supremo considera que estas facultades deben compatibilizarse con el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Por tanto, cuando el espacio al que se pretende acceder tiene simultáneamente la condición de centro de trabajo y de domicilio protegido de la empresa, la condición de centro de trabajo no elimina por sí misma la protección del domicilio.
Uno de los aspectos más importantes de la resolución es que la necesidad de autorización judicial no depende de que la Inspección quiera realizar un registro.
El propio acceso a un domicilio protegido sin consentimiento ya exige, según el Tribunal, las garantías correspondientes.
Esto significa que la necesidad de autorización puede existir aunque la visita inspectora se limite aparentemente a comprobar determinadas circunstancias y no implique intervenir documentos o realizar un registro formal.