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04 - 06 - 2020

45/5000 Novedades jurídicas RDL 19/2020 de 26 de mayo

El Real Decreto Ley indicado establece, entre otras medidas económicas, un régimen especial de la moratoria convencional con el fin de agilizar los trámites para su concesión y conseguir una extensión rápida de sus efectos entre los prestatarios. Este tipo de moratoria se pacta entre las partes y se acoge a lo previsto en los Acuerdos sectoriales suscritos entre las entidades prestamistas, a través de sus asociaciones representativas.
Respecto de estas moratorias, se establece la posibilidad de que tengan por objeto cualquier tipo de préstamos, créditos y arrendamientos financieros.
Asimismo, se prevé que con el ajuste de los contratos de préstamo como consecuencia de esta moratoria, una vez aplicado el aplazamiento, se pueda abonar el importe mediante:
a) La redistribución de las cuotas, manteniendo el plazo de vencimiento pactado en el contrato de préstamo.
b) La ampliación del plazo de vencimiento a un número de meses equivalente a la duración de la moratoria.
En relación a los contratos de seguros asociados al cumplimiento de la obligación de pago del préstamo, el deudor y la entidad financiera podrán pactar una prórroga en las mismas condiciones y primas pactadas inicialmente por el mismo periodo de tiempo por el que se amplíe su vencimiento.

 

LIMITACIONES EN EL AJUSTE DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE LA MORATORIA CONVENCIONAL
Aparte de lo anterior, el Real Decreto Ley establece ciertas limitaciones a las entidades financieras, tales como la prohibición de utilizar el acuerdo de la moratoria para establecer nuevas condiciones que no figuren en el contrato de préstamo objeto de la misma, como son la modificación del tipo de interés pactado, el cobro de gastos y comisiones en préstamos con interés, la comercialización de nuevos productos o el requerimiento de nuevas garantías.

 

COORDINACIÓN OPERATIVA ENTRE LA MORATORIA CONVENCIONAL Y LA MORATORIA LEGAL EN CASO DE CONCURRENCIA
Otro de los aspectos que regula el indicado texto legal es la coordinación operativa en caso de que concurran sobre el mismo préstamo la moratoria legal y la convencional, es decir, qué sucede si un deudor es beneficiario de la moratoria legal para encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y al mismo tiempo de la moratoria convencional? En este caso, las condiciones de una y otra moratoria aplicarán sucesivamente, de manera que durante el plazo de tres meses no se devengarán ni intereses ordinarios ni moratorios.

 

OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE FACILITAR INFORMACIÓN SIMPLIFICADA AL DEUDOR ANTES DEL ACUERDO DE LA MORATORIA CONVENCIONAL
Previamente a la formalización de la moratoria convencional, la entidad financiera deberá entregar al deudor, junto con la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria, información simplificada sobre las condiciones del préstamo, para asegurar que el mismo conoce las principales características, riesgos y gastos de la operación. Deberá informar, concretamente, sobre:
a) Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento del préstamo afectado, ya sea con ampliación de plazo o sin.
b) Las condiciones de la prórroga, si se acuerda, del seguro de protección de pagos o de amortización del préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo que se nueva.
Para la consecución de estos trámites, el Real Decreto Ley hace hincapié en la potenciación de los canales telemáticos para la obtención del consentimiento y la remisión y recepción de la información y en el alivio de los trámites a realizar en el proceso de elaboración y adopción del acuerdo de la moratoria, dadas las limitaciones de los desplazamiento que aún hoy en día existen.

 

RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE FORMALIZACIÓN DE LAS MORATORIAS CONVENCIONALES SUSCRITAS AL AMPARO DE ACUERDOS MARCO SECTORIALES ADOPTADOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR COVID-19.
El Real Decreto Ley citado establece un régimen excepcional de concesión de los instrumentos notariales en que se formalicen las moratorias convencionales detalladas anteriormente, al objeto de complementar la moratoria legal y agilizar la tramitación de los correspondientes acuerdos.
Para facilitar la formalización de estas moratorias y evitar el riesgo de colapso de las Notarías y Registros, se prevé una flexibilización del régimen ordinario de otorgamiento que permita atender con celeridad y eficiencia las solicitudes presentadas durante el estado de alarma.
Este régimen excepcional, resultará de aplicación siempre que entre la entidad financiera y el deudor beneficiario de la moratoria, se pacte que el importe del principal aplazado abone ampliando el plazo de vencimiento, y se cumplan las limitaciones a las que hace referencia el Real Decreto Ley.
De este modo, la entidad financiera elevará unilateralmente a público el acuerdo de moratoria suscrito por el deudor, fiadores o avalistas, siempre que la misma se materialice mediante la aplicación del plazo de vencimiento y el deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario para el otorgamiento bilateral.
El notario protocol·litzarà el acuerdo suscrito, la prórroga del seguro, en su caso, la información simplificada, el acuse de recibo por parte del deudor y una declaración responsable de la persona que actúa en nombre de la entidad financiera.

 

MORATORIAS ACOGIDAS A UN ACUERDO MARCO SECTORIAL Y SUSCRITAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA NORMA
Mediante el Real Decreto Ley indicado, se establece expresamente que también será de aplicación lo previsto en el mismo a las moratorias convencionales que hayan suscrito el deudor y la entidad financiera antes de su entrada en vigor.
En este sentido, los deudores recibirán en todo momento la documentación explicativa de los efectos de la moratoria antes de la elevación a público del contrato. En caso contrario, el deudor tiene derecho a desistir de la moratoria durante un plazo de 10 días antes de la elevación a público del acuerdo.

 

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MORATORIA Y TRAMITACIÓN DE LA MISMA
En concordancia con lo expuesto en el Real Decreto Ley reseñado, podrán ser beneficiarios de las moratorias sectoriales los clientes personas físicas (ya sean trabajadores por cuenta ajena o propia) con préstamo al consumo o con garantía hipotecaria en entidades bancarias, formalizados con anterioridad a marzo de 2020, que prevean dificultades temporales en el pago de las cuotas mensuales debido a un agravamiento de su situación económica como consecuencia del Covid-19.
Podrán acceder aquellos que no hayan podido ser beneficiarios de la moratoria legal por no cumplir los requisitos establecidos, o aquellos que hayan accedido a la moratoria legal y hayan agotado el plazo de tres meses de carencia.
Con la moratoria se concede un aplazamiento de la parte de la cuota relativa al capital del préstamo durante el plazo de la misma (que será de 6 meses en caso de préstamos no hipotecarios y de entre 6 y 12 meses en caso de préstamos hipotecarios) .
El plazo para solicitar este tipo de moratoria finaliza el día 29 de junio de 2020, y los requisitos generales para hacerlo son:
– Estar en situación de desempleo, afectado por un ERTE, o haber sufrido una reducción de ingresos.
– En caso de ser autónomo, haber cesado en la actividad o haber sufrido una reducción de ingresos.
No obstante, cada entidad financiera especificará cada uno de los requisitos concretos que deberán concurre en cada uno de los casos, y detallará los documentos que se remitirán para acreditar la situación económica, por lo que los clientes deberán ponerse en contacto con la oficina o gestor de la entidad con la que tengan contratado el préstamo, para recibir información para la tramitación de la moratoria que interesan solicitar.

 

FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE DEUDAS EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
Otra medida adoptada a través del mencionado Real Decreto ha sido el posible fraccionamiento y aplazamiento de deudas en servicios de comunicación electrónicos. De este modo, se establece que las operadoras de comunicación deberán conceder, siempre previa solicitud de los abonados, un fracionament y aplazamiento de la deuda relativo a facturas emitidas desde la entrada en vigor del Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo de 2020, y en cualquier caso siempre hasta el 30 de junio.
Condiciones del fraccionamiento:
a) el fraccionamiento deberá ser lineal durante todos los meses;
b) el plazo será de 6 meses si no se pacta otro plazo;
c) no se devengarán intereses ni se exigirán garantías adicionales.